Desbaratar los obstáculos para que la ciudadanía difunda informaciones, ideas y opiniones (y no solo las consuma) es un objetivo estratégico para la salud de nuestra democracia.
En estas líneas intentaré explicar cómo podemos acercarnos a este fin mediante la futura Ley Andaluza de Participación Ciudadana (LAPC), que centró buena parte del 9º Congreso Andaluz del Voluntariado y la Participación celebrado en junio de 2013 en Sevilla, así como la exposición que realicé en una de las ponencias del citado evento.
Como veremos, no todos los impedimentos se pueden salvar con una ley cuyo objeto es la participación ciudadana y no la ordenación de la comunicación audiovisual. Pero hay muchísimo más margen para ello del que recorre el documento de propuestas para el anteproyecto presentado por la Junta. La mayoría de las ideas que exponemos son compartidas por el Grupo Motor de Málaga para la elaboración de la LAPC.
Índice
La comunicación es participación ciudadana
En la Constitución se establece que la soberanía reside en el pueblo español, no en sus Cortes ni gobiernos. Y llenar las urnas periódicamente no puede ser la única expresión de esa soberanía. Toca ahora que lo que está sobre el papel se concrete en la realidad. Democracia no es solo convertir a las urnas en un trámite necesario. Democracia es un proceso complejo de elaboración conjunta (fraterna, entre iguales y libre) en torno a dos preguntas: ¿qué nos pasa?, ¿cómo mejoramos? Así, la Ley Andaluza de Participación Ciudadana es una oportunidad para el pueblo andaluz.
La participación ciudadana es la vía para que nuestra democracia deje de ser, a efectos prácticos y en el mejor de los casos, un despotismo ilustrado que se relegitima cada 4 años. Más allá de las reformas en la Ley Electoral, Andalucía necesita un marco normativo que promueva y regule maneras de situar más poder de influencia y decisión en los titulares de la soberanía: la gente. Toda.
En esos procesos de influencia y decisión que la ciudadanía y el Gobierno andaluz pretenden construir con esta LAPC, el debate y el intercambio de ideas es una clave fundamental. Así se materializará en una serie de mecanismos de participación como jurados ciudadanos, presupuestos participativos y otros elementos que aparecen en el documento de propuestas para el anteproyecto.
Pero, ¿sobre qué se debatirá en estos órganos?, ¿qué pluralidad de argumentos serán expuestos?, ¿qué propuesta de soluciones a los problemas públicos serán discutidas por la ciudadanía en estos órganos de participación ciudadana? La respuesta es obvia: los argumentos y soluciones que la ciudadanía quiera. Pero tras la obviedad habita la complejidad del mundo real.
¿Cuál es el origen de lo que queremos y pensamos? Más allá de cómo el criterio propio y nuestras circunstancias enlazan los siguientes tres componentes, la respuesta sería la siguiente: lo que vemos, lo que nos cuentan otros y lo que imaginamos. El papel de los medios de comunicación es básico en la construcción de pensamientos e ideas, ya que tienen un extraordinario potencial para determinar qué ocurre -y qué no-, qué soluciones son plausibles -y cuales son presentadas como un chiste inviable- e incluso cómo deben ser nuestros sueños (¿un perro, tres coches, una casa con jardín, mucho refresco marrón con burbujas y éxito profesional a base de individualismo?).
Por ello, es fundamental que la Ley dé la importancia que merece a los medios de comunicación como influenciadores de lo que piensa la gente que irá después a debatir a los paneles o jurados ciudadanos o a votar una consulta popular. Si la confección de la agenda de temas que se tratan (y la manera de enfocarlos) sigue siendo la misma, si se continuan representando las mismas voces... La ciudadanía decidirá tan libremente como lo hace un caballo con anteojeras. Desde nuestra visión, es una necesidad pública garantizar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación. Pero desde una perspectiva nueva que enriquecerá nuestra democracia: la gente debe poder ser la protagonista de la elaboración de los mensajes (sin obviar el papel de los profesionales de la comunicación).
Es necesario aumentar la variedad de enfoques y propuestas que se difunden en los medios de comunicación si queremos que los debates y decisiones que se tomen en los instrumentos de participación ciudadana previstos en la Ley sean viables y respondan al interés público. El camino es capacitar e incorporar a la ciudadanía para que sea protagonista de la comunicación, de la difusión de sus propios diagnósticos, enfoques e ideas. Jugemos a la democracia con todas la cartas y solo entonces, con todos los argumentos encima de la mesa, nosotros el pueblo podremos decidir mejor.
Los medios comunitarios son un instrumento de participación ciudadana
La Ley Andaluza es la oportunidad para avanzar en este camino. Constituye todo un hito el reconocimiento de la utilidad pública de los medios de comunicación comunitarios como herramienta de participación ciudadana. Esta Ley no puede ni debe ser el terreno de juego para resolver el resto de problemas legales relacionados con este tipo de medios; habrá otras oportunidades para cambiar la aberrante y anacrónca legislación española en materia de radios y televisiones comunitarias y acercarla a la Resolución del Parlamento Europeo sobre medios comunitarios (2008) o a las legislaciones de otros países europeos o americanos como Uruguay, Argentina, Bolivia y Ecuador. Pero la LAPC no se ocupa de ese objeto. Insistimos, ni debe.
Sin embargo, la fijación de los medios comunitarios como instrumentos de participación ciudadana ayuda a blindarles frente a los intereses espurios que amenazan su utilidad social. Si el objetivo es la participación ciudadana, va a ser más difícil que una empresa con piel de medio comunitario pretenda colarse como una "bien intencionada radio o televisión alternativa" cuando en realidad lo que busca es convertirse en un tocadiscos más de las ondas hertzianas y darle a la maquinita de hacer dinero a costa del derecho fundamental de la ciudadanía a comunicar. Para ayudarnos a evitar eso, también necesitamos esta ley.
Lamentablemente es un contrasentido que esto no se desarrolle más en el documento de propuestas para el anteproyecto de LAPC y que se les cite como herramientas de participación pero no se les dedique un apartado ni entren en el catálogo junto al resto de instrumentos previstos. Así, proponemos este párrafo: "Los medios de comunicación comunitarios son órganos de participación ciudadana autogestionados y autorregulados por la ciudadanía cuyo objetivo es la democratización de la comunicación y potenciar la difusión de ideas, informaciones y opiniones de la ciudadanía".
El derecho de acceso de la ciudadanía a los medios públicos
Además, la LAPC es la oportunidad para desarrollar lo enunciado en el artículo 211.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: "Se garantiza el derecho de acceso [a los medios públicos locales y regionales] de las asociaciones, organizaciones e instituciones representativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía, respetando el pluralismo de la sociedad".
Derecho de acceso significa que, por ejemplo, las asociaciones pueden elaborar sus propios programas, con sus propios guiones, para ser emitidos en los medios públicos en los horarios, franjas y periodicidades que se determinen. Es decir: ciudadanía no solo contestando en las entrevistas y siendo noticia de vez en cuando, sino haciendo las preguntas y creando la actualidad con toda la cotidianeidad que sea viable.
Incluso el estatuto de RTVE establece que una porción de los profesionales y equipos del ente público se destinarán a que la ciudadanía haga los espacios que ella quiera. No es de extrañar que el artículo 33 del estatuto de la RTVA dedique dos parrafos a la obligación fijada en el Estatuto Andaluz. Lo que extraña es el escaso desarrollo normativo y operativo de esto. En la práctica, no existe un derecho de acceso en el principal medio de comunicación andaluz. La desregulación, escasa aplicación y opacidad del derecho de acceso en el resto de medios públicos andaluces nos hacen reivindicar que la LAPC ponga orden en esto. No porque sea una cuestión de ordenamiento audiovisual, que no lo es en sus aspectos técnicos (frecuencias, potencias, usos), sino porque tiene que promover, regular y proteger la participación ciudadana cuando ésta se expresa a través de la comunicación.
El documento de propuestas para el anteproyecto de LAPC no incluye nada nuevo respecto a lo que ya dice el Estatuto de Autonomía. Corrijamos eso y aprovechemos la oportunidad. Proponemos que el articulado obligue a todos los medios públicos de Andalucía a confeccionar reglamentos internos sobre el derecho de acceso en un plazo razonable. Debe existir autonomía en cada medio para cocinar el plato, pero reclamamos que en la receta se incluyan estos ingredientes como mínimo: una elaboración participada del reglamento entre la ciudadanía y el medio a través de alguno de los órganos previstos en la LAPC (que para eso hacemos esta ley, ¿no?); promover el derecho de acceso de las minorías, no solo de los colectivos con más arraigo; definir de forma viable qué recursos humanos y técnicos puede destinar cada medio al derecho de acceso; un procedimiento de solicitud y concesión del reconocimiento del derecho de acceso que sea transparente y una aplicación del mismo que no condene a los programas de radio y televisión hechos por la ciudadanía a horas de pitonisas y ronquidos. Y, evidentemente, la comunicación hecha por la ciudadanía deberá tener unos mínimos de calidad técnica y ser veraz.
Nuestras propuestas son tan necesarias como viables, no se salen del objeto previsto para esta ley, no contradicen otros textos presentes o en elaboración y se basan en cuestiones que ya están recogidas en otros textos legales. La LAPC puede y debe ordenar el panorama, aportar utilidad entre tanta dispersión y falta de desarrollo normativo, facilitar que los derechos puedan ejercerse y reconocer el valor estratégico que la comunicación vinculada a la participación ciudadana tiene en la sociedad.
Otras reflexiones sobre la LAPC: no todo es comunicación
Onda Color es una de las asociaciones que forman parte del Grupo Motor de Málaga (GMM) para la elaboración de la LAPC, el único en Andalucía que ha trabajado intensamente sus propuestas semanalmente desde diciembre de 2012 a junio de 2013. Algunas de esas cuestiones no se refieren a la comunicación, pero nuestra asociación comparte las preocupaciones de muchas otras entidades en otros ámbitos, al igual que nosotros recibimos el respaldo de muchos otros colectivos en las cuestiones que nos afectan directamente.
De las 10 cuestiones esenciales para el GMM, el borrador de anteproyecto de la Junta considera que dos son ajenas a la LAPC: Observatorio de la Acción Política y Transparencia -otras leyes se ocuparán de esto-; y facilitar las Ininicativas Legislativas Populares -no es viable jurídicamente que una ley andaluza regule esto-.
Solo 5 de las 10 propuestas se han recogido en algún grado:
Enumeremos otras reflexiones del documento de propuestas para el anteproyecto de LAPC:
Una valoración sobre cómo hemos llegado hasta aquí
A finales de 2012 la Junta de Andalucía invitó a Onda Color y a varias decenas de asociaciones a participar en la elaboración de una ley de participación ciudadana. El modelo elegido fue el de no presentar un borrador sobre el que trabajar, sino pedir a la ciudadanía una suerte de lluvia de ideas que definirían el marco de la futura Ley. Y se nos advirtió con honestidad de que no todo lo propuesto acabaría en el BOJA y de que el Gobierno era consciente de que dejaba la puerta abierta a que surgieran propuestas que no encajaran bien con su visión política. Otras serían inviables. No faltaron críticas al modelo elegido. Muchas personas prefieren trabajar sobre una propuesta de la administración y tratar de mejorarla, toda vez que deliberar sin un borrador es una abstracción que consume más tiempo.
Tampoco faltaron quienes señalaron que se trataba de una maniobra del Gobierno para, al final, hacer el borrador solo con lo que más le convenga. La puntería o no de estas afirmaciones la juzgaremos cuando la Ley esté en el BOJA. O quizá un poco más adelante, ya que la aplicación y voluntad política (del gobierno regional y los locales) van a ser vitales para no vaciar de contenido la LAPC.
En todo caso, la promoción de la LAPC es el cumplimiento de un acuerdo de gobierno que en Onda Color pensábamos que se retrasaría para el final de la legislatura. Nos complace que no haya sido así y debemos reconocer la valentía del gobierno con la misma intensidad que la crítica constructiva de lo que para nosotros son asignaturas pendientes.
Durante este proceso de elaboración previa a la fase parlamentaria observamos algunas claves y obstáculos que esta ley está llamada a salvar:
En resumen, en Onda Color estamos medianamente contentos y a la expectativa. No ya por el mayor o menor número de aportaciones recogidas en el documento de propuestas del anteproyecto, sino por la disposición de la Dirección General de Participación de la Junta para seguir trabajando y mejorando el esqueleto de la ley. Porque, a nuestro entender, hay que mejorarlo ampliando el desarrollo normativo de algunas cuestiones como la utilidad de los medios comunitarios como instrumento de participación ciudadana y crear el marco de aplicación del derecho de acceso a la ciudadanía en los medios públicos, conseguir metodologías que posibiliten síntesis claras, etc.
En ese camino la ciudadanía andaluza, el Gobierno y el Parlamento contarán con nuestra entidad y con los debates que se generan en las redes en las que participamos y co-elaboramos nuestros argumentos: Red de Medios Comunitarios, Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Foro Andaluz Educación, Comunicación y Ciudadanía y Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Y con las decenas de personas y asociaciones que son miembro de esta radio comunitaria malagueña.
Alejandro Blanco
Presidente de la Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color