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El vergonzoso borrador de reglamento para radios comunitarias pensado por Industria

El Gobierno de España en la segunda legislatura de Zapatero propuso un borrador de Reglamento de Servicios de Comunicación Comunitarios que, de prosperar, reduciría la cobertura máxima de las radios gestionadas por la ciudadanía (como Onda Color) a 5 vatios en el caso de estar localizadas en poblaciones de más de 100.000 habitantes y a 1 vatio para las emisoras situadas en municipios más pequeños.

De prosperar esa norma, la cobertura de Onda Color quedaría reducida un 98%.

Esta situación afecta a más de un centenar de emisoras comunitarias de España. En el caso de Onda Color no cubriríamos ni siquiera el distrito Palma-Palmilla. El real decreto que contendrá el reglamento ha iniciado su tramitación y este jueves ha sido presentado en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, donde Onda Color está representada a través de la Red de Medios Comunitarios.

Este reglamento (que puede consultar íntegramente aquí) permitirá que comience a aplicarse la Ley General Audiovisual (LGA), que en su artículo 4 establece que los españoles tienen derecho a que la comunicación se preste mediante servicios de tipo comunitario, aunque esto contrasta con las múltiples limitaciones que imponen otros artículos de la Ley y los del reglamento que es está elaborando.

Onda Color considera que la discriminación que plantea el Ejecutivo es inconstitucional y va en contra de los intereses de los habitantes de Palma-Palmilla y Málaga. Esta emisora recuerda que ninguno de los partidos que han gobernado (ni tampoco durante la elaboración de sus programas electorales) el país ha mostrado una disposición real para proteger el derecho a comunicar en el sentido que recoge el Parlamento europeo en su resolución de 2008 o los recientes 40 principios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC): los medios comunitarios tienen que tener las mismas coberturas y vías de financiación que los medios públicos y los privados comerciales.

Restricciones a la financiación

Precisamente AMARC se ha pronunciado en contra de la Ley General Audiovisual y del proyecto de reglamento en su asamblea celebrada en Argentina. La LGA establece, por ejemplo, que el presupuesto de una emisora comunitaria no puede superar los 50.000 euros sin autorización previa y prohíbe totalmente la "comunicación comercial" para financiarse.

Evidentemente, Onda Color no vive para conseguir dinero porque es una entidad sin ánimo de lucro (no una empresa), pero necesita dinero para vivir. Si no se rectifica la legislación, la Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color se vería discriminada respecto a asociaciones vecinales, culturales, deportivas, etc. que no tienen ningún tipo de límite para recibir patrocinios, por ejemplo.

Además, no existe ningún tipo de motivo lógico para limitar la financiación de las emisoras comunitarias, a no ser las presiones de la mayoría de radios comerciales, que entienden que la comunicación es exclusivamente un mercado publicitario y no un derecho humano y fundamental.

La reglamentación que propone el ejecutivo es muy llamativa, máxime cuando desde 2006 el Plan Técnico Nacional de Radiosdifusión Sonora (consúltelo aquí, página 9) reconoce que en el municipio de Málaga se pueden dar frecuencias a entidades privadas con potencias de entre 1.000 y 8.000 vatios.

La Red de Medios Comunitarios y Onda Color impulsarán todo tipo de medidas para oponerse y presionar al Gobierno hasta que los medios comunitarios tengan las mismas condiciones que los privados comerciales y los públicos. Para ello, pedimos la complicidad y el apoyo de ciudadanos individuales, asociaciones de todo tipo, partidos políticos, organizaciones e instituciones que conocen nuestro trabajo (y el trabajo que muchas de ellas desarrollan gracias a nuestra existencia) y observan en estas normativas una peligrosa reducción de las libertades de nuestro país.